Viabilidad Media-Alta. Cinco propuestas tienen respaldo normativo o experiencias previas que facilitan su implementación. La lucha contra la corrupción mediante el Sistema Nacional Contra la Macrocorrupción y la austeridad republicana tiene alta legitimidad popular y puede avanzar por decreto y reformas administrativas, aunque requiere fortalecer los organismos de control. La educación pública universal —gratuidad en todos los niveles— continúa la política de matrícula cero del Gobierno Petro y amplía cobertura; el obstáculo es la infraestructura en regiones apartadas. La protección ambiental con prohibición del fracking es consistente con la Sentencia T-236 de 2017 que exige consulta previa, y el Congreso ha debatido proyectos antifracking en seis ocasiones; la judicialización tomaría años, lo que de facto la hace viable como política de gobierno. Los Equipos Básicos de Salud como puerta de entrada al sistema ya existen en la reforma impulsada por Petro y pueden expandirse administrativamente. Y el Sistema Nacional del Cuidado tiene marco en la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo y podría financiarse con ahorros de austeridad, aunque su escala depende del presupuesto disponible.

Viabilidad Media. Cuatro propuestas son posibles pero enfrentan obstáculos fiscales o de implementación. La reforma tributaria progresiva —más impuestos a grandes patrimonios y dividendos— es necesaria para financiar el programa, pero cualquier reforma tributaria requiere mayorías en el Congreso que el Pacto Histórico no tiene, y el sector empresarial se opone frontalmente. La reforma agraria con redistribución de tierras tiene respaldo constitucional (Art. 64), pero el presupuesto para adquirir tierras es limitado y la oposición de terratenientes genera conflictos jurídicos. La Paz Total como continuidad del proceso actual enfrenta el desgaste político de los diálogos con el ELN y los grupos armados, y los frenos de distintas ramas del poder. La descentralización con transferencia de recursos a regiones requiere reformas legales que chocan con la resistencia del nivel central a ceder competencias y presupuesto.

Viabilidad Media-Baja. Tres propuestas requieren transformaciones estructurales de alta complejidad. La reforma a la salud —eliminación de la intermediación privada, fortalecimiento de la red pública— comparte el mismo núcleo que la reforma de Petro, que se hundió dos veces en el Congreso. Además, la deuda acumulada de las EPS ronda los $50 billones, y no hay una ruta clara para estabilizar el sistema sin una estrategia de transición. La transición energética acelerada enfrenta una contradicción fiscal: los hidrocarburos representan cerca del 10% del PIB y una parte significativa del recaudo tributario y las regalías. Reducir la dependencia del petróleo sin nuevas fuentes de ingreso agrava el déficit. La seguridad humana como enfoque estructural —prevención social, fortalecimiento institucional, lucha contra grandes estructuras criminales— es conceptualmente sólida pero requiere una transformación profunda de la política de seguridad, inversiones sostenidas en territorios y resultados que solo se ven en el mediano plazo.

Viabilidad Baja. La Asamblea Nacional Constituyente como eje del plan para "reescribir el contrato social" enfrenta barreras casi insalvables en el corto plazo. La Constitución de 1991 exige que una Constituyente sea convocada mediante una ley aprobada por mayoría absoluta del Congreso y luego refrendada por el pueblo. Sin mayorías propias en un Legislativo fragmentado —donde el petrismo nunca logró más del 30% de las curules—, y con una fuerte oposición política y judicial, el intento sería bloqueado. Además, sectores moderados del propio Pacto Histórico han mostrado reservas. Cepeda ha moderado su discurso al respecto durante la campaña, sugiriendo que sería más una hoja de ruta que un objetivo inmediato.

Las propuestas con impacto fiscal más significativo incluyen: la universalización de la educación pública gratuita (costo estimado: $12-15 billones adicionales anuales), el fortalecimiento de la red pública de salud y la asunción de funciones de las EPS (costo estimado: $18-25 billones anuales, parte del cual ya está en el sistema), el Sistema Nacional del Cuidado ($4-6 billones anuales), la reforma agraria con adquisición de tierras ($3-5 billones anuales), el programa Jóvenes en Paz y expansión de transferencias ($5-8 billones anuales), y la inversión en infraestructura territorial ($6-10 billones anuales).

Frente a esto, las fuentes de financiamiento propuestas son: una reforma tributaria progresiva que aumente impuestos a grandes patrimonios (recaudo estimado: $12-18 billones anuales), la austeridad republicana recortando gastos suntuarios y altos salarios del Estado ($3-5 billones anuales), la lucha contra la evasión fiscal ($6-8 billones anuales), y la venta de activos no estratégicos ($2-4 billones único).

El balance estimado es un déficit recurrente de $10-22 billones anuales incluso después de las nuevas fuentes de ingreso, que se suma al déficit preexistente de $52.2 billones. La apuesta del programa es que el crecimiento económico —proyectado por encima del 4% anual— cierre la brecha, pero la historia reciente muestra que Colombia crece en promedio al 3.1% y que las reformas tributarias progresivas enfrentan una feroz oposición legislativa y judicial.

Cepeda cursó estudios de pregrado en Filosofía en la Universidad San Clemente de Ohrid de Sofía, Bulgaria (1987), y una maestría en Derecho Internacional Humanitario en la Universidad Católica de Lyon, Francia (2002). Antes de ingresar a la política, trabajó como docente de Filosofía (1990-1995). En 2007 recibió la Medalla de la Libertad Roger Baldwin, otorgada por Human Rights First, y en 2015 el reconocimiento especial del Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos Antonio Nariño. Más allá de su perfil legislativo, Cepeda ha propuesto metas concretas como la entrega de un millón de hectáreas de tierra para la reforma agraria y la ampliación de subsidios de 3 a 5 millones de adultos mayores. Su primera medida prometida como presidente es convocar un diálogo nacional para construir consensos en paz, seguridad y reforma agraria.

Fue Representante a la Cámara (2010-2014) y Senador (2014-2026), siempre reconocido como uno de los congresistas más destacados según Cifras & Conceptos. Fue facilitador del proceso de paz con las FARC (2012-2016), de los diálogos con el ELN (2014-2018), y del sometimiento del Clan del Golfo (2015-2018). Es fundador del movimiento Defendamos la Paz y copresidente de las comisiones de paz del Congreso. Su paso más visible fue ser víctima y testigo en el juicio contra Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno a testigos, en el que Uribe fue declarado culpable en julio de 2025 (aunque luego absuelto en apelación). Ese juicio lo catapultó como la figura principal de la izquierda colombiana para 2026.

Fortalezas: Trayectoria coherente en derechos humanos y paz; respaldo de organizaciones sociales, indígenas y de víctimas; reconocimiento internacional (Medalla Roger Baldwin, Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos); perfil de estadista con experiencia legislativa y en procesos de paz; fórmula vicepresidencial indígena (Aída Quilcué) que amplía la base electoral. Debilidades: Su cercanía con Gustavo Petro lo ata a la baja popularidad del gobierno saliente; su perfil ideológico marcado dificulta atraer al centro político; no tiene experiencia administrativa (nunca ha ocupado cargos del Ejecutivo); su programa de 421 páginas es más un manifiesto que un plan de gobierno técnico; la propuesta de Constituyente genera desconfianza en sectores moderados y en los mercados; su talante reservado y su estilo de "voz calmada" pueden percibirse como falta de liderazgo en un país que demanda mano firme. Además, sectores críticos señalan que su activismo judicial contra Uribe y otros opositores ha sido impulsado por motivaciones políticas más que por la búsqueda imparcial de justicia.

Cepeda ganó la consulta interna del Pacto Histórico en octubre de 2025 y su campaña se articuló en torno a cuatro pilares: Economía para la Vida (transición del extractivismo a una economía productiva y sostenible), Sociedad para la Vida (justicia social, sistema anticorrupción, implementación de la paz), Mujeres como Guardianas del Agua y la Tierra (equidad de género), y Tecnología para la Vida (tecnología para el bienestar colectivo y la soberanía).

En la primera vuelta del 31 de mayo de 2026 obtuvo ~9.68 millones de votos (40.91%), quedando en segundo lugar detrás de Abelardo de la Espriella (43.73%). Su desempeño fue especialmente fuerte en Bogotá (48.22%) y la región Pacífica. Una de sus propuestas más concretas fue la creación de un Fondo de Garantías para 200,000 microempresas familiares, con el objetivo de formalizar y capitalizar la economía popular.

Su campaña también enfrentó cuestionamientos. Fue criticado por ausentismo en el Senado mientras hacía campaña, y sectores opositores señalaron que su esposa, Pilar Rueda, trabaja como asesora en la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, lo que consideran un posible conflicto de interés. Cepeda declaró un patrimonio de ~$1,048 millones de pesos colombianos (~USD 260,000). Tras la primera vuelta, denunció un "desfase de 800,000 personas" en el censo electoral y reportó mesas con patrones de votación atípicos, lo que añadió tensión al clima electoral de cara a la segunda vuelta.

En cuanto a la implementación, el programa pretende ejecutar reformas simultáneas en múltiples frentes. Las propuestas que no requieren reformas legislativas —como la expansión de la educación gratuita vía presupuesto, los Equipos Básicos de Salud, y las medidas administrativas anticorrupción— podrían iniciar en el primer año. Las que requieren leyes —reforma tributaria, reforma a la salud, descentralización— enfrentan un Congreso fragmentado donde el Pacto Histórico tiene menos del 30% de las curules. La negociación legislativa tomaría al menos 1-2 años, con resultados inciertos. La Asamblea Constituyente, si se intentara, requeriría primero una ley aprobada por mayoría absoluta, un referendo aprobatorio, y luego un proceso de 1-2 años de deliberación, todo lo cual es políticamente inviable en el escenario actual. En la práctica, el primer año de gobierno estaría dedicado a construir coaliciones legislativas y a implementar lo que se pueda por decreto, mientras las transformaciones estructurales quedarían postergadas o sustancialmente moderadas.

Petro interviene directamente en campaña. El 1 de junio de 2026, el presidente Gustavo Petro publicó un trino en el que afirmó que Cepeda "necesita 3 millones de votos" y que "yo mismo me pondré al frente" de la campaña para la segunda vuelta. La intervención directa del mandatario generó críticas de la oposición, que la calificó como una violación del principio de neutralidad del Ejecutivo y una presión indebida sobre los electores. Sectores jurídicos señalaron que la participación activa del presidente en campaña podría configurar una infracción a las normas electorales.

"Pijamatón" de Juliana Guerrero. El 4 de junio de 2026, se difundieron denuncias sobre Juliana Guerrero, funcionaria del Gobierno Petro, quien habría sido enviada al departamento del Cesar para coordinar la campaña de Iván Cepeda. Guerrero convocó a una "pijamatón" en la Universidad Popular del Cesar, donde jóvenes vestidos con pijamas y almohadas posaron junto a un pasacalle con el rostro de Cepeda y Aída Quilcué. La controversia surgió por el posible uso de recursos públicos y espacios universitarios para actividades proselitistas. La representante Jennifer Pedraza señaló que "Juliana Guerrero está pavimentando su camino hacia la Gobernación del Cesar".

Cuestionamientos por vínculos con disidencias de Farc. Durante la campaña, sectores opositores cuestionaron la relación de Cepeda con antiguos líderes de las Farc como Jesús Santrich e Iván Márquez, a quienes ha defendido públicamente. La controversia se avivó con menciones a los computadores de Raúl Reyes, cuyo contenido —validado por agencias como la CIA— sugeriría vínculos entre Cepeda y la antigua guerrilla. Cepeda ha argumentado que la información ha sido manipulada y que su trabajo siempre ha estado alineado con la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la paz.