Viabilidad Alta. Cuatro propuestas son ejecutables con los marcos legales actuales. Blockchain en contratación pública ofrece registros inmutables que harían casi imposible la manipulación de licitaciones; el principal obstáculo es la brecha digital en municipios remotos, pero el despliegue es técnicamente factible y tiene respaldo transversal. La Universidad Virtual y la educación técnica redirigen la formación hacia IA, robótica y carreras cortas con participación privada; ya existen marcos normativos de educación virtual en Colombia, aunque la conectividad rural sigue siendo una limitante. La agroindustria en la Altillanura busca convertir Meta y Vichada en despensa agrícola global con consenso gremial, pero depende enteramente de la infraestructura vial. Y la defensa de la familia tradicional como agenda política tiene respaldo de mayorías conservadoras en el Congreso, aunque cualquier ley restrictiva de derechos ya reconocidos por la Corte Constitucional sería declarada inexequible.

Viabilidad Media. Otras cinco propuestas son posibles pero enfrentan obstáculos serios. Las 10 megacárceles son viables en infraestructura (cada una cuesta ~$675 mil millones mediante APP), pero la legislación penal excepcional que requerirían para llenarlas choca con la Corte Constitucional y la Corte IDH. La fumigación con bioherbicidas para erradicar 330,000 hectáreas de coca necesita productos que aún no están certificados científicamente; la Sentencia T-236 de 2017 exige consulta previa y evidencia de inocuidad. El fracking y la reducción de impuestos son viables por decreto, pero el fracking tiene seis intentos fallidos de aprobación en el Congreso, litigios activos y consultas populares pendientes que tomarían 5-10 años. La política energética centrada en combustibles fósiles enfrenta la misma resistencia territorial y judicial. Y el plan de choque de salud por $10 billones es necesario, pero en un escenario de motosierra fiscal no está claro de dónde salen los recursos sin desfinanciar otros sectores.

Viabilidad Baja o Muy Baja. Cuatro propuestas son estructuralmente inviables. La Motosierra Fiscal promete reducir el Estado en un 40%, pero el 70% del gasto de personal está blindado: Defensa y Policía ($27 billones), Rama Judicial y Fiscalía ($18.5 billones) y transferencias regionales ($46 billones) no pueden tocarse. El margen real son los $14 billones de la Rama Ejecutiva y los contratos OPS, lo que da un ahorro realista de $10-12 billones, no de $25-30 billones. La movilización de 82,000 veteranos armados evoca directamente el modelo de las Convivir de los años 90, que derivó en grupos paramilitares y fue condenado por la Corte IDH; constitucionalmente, solo la fuerza pública activa tiene el monopolio de las armas. Los créditos hipotecarios al 2% son inviables en una economía con inflación de mercado del 5-10% —ningún banco presta al 2% sin que el Estado subsidie la diferencia, y ese subsidio costaría billones que contradicen la promesa de reducir el gasto. Y la cadena perpetua junto con la eliminación de la JEP ya tienen un precedente judicial claro: la Corte Constitucional declaró inexequible la cadena perpetua en 2021 (Sentencia C-294), y la JEP tiene blindaje constitucional hasta 2030 respaldado por el Estatuto de Roma, lo que expondría a Colombia a la Corte Penal Internacional.

Frente a eso, las nuevas propuestas generan costos anuales recurrentes por $31.4 billones: $3.5 billones para operar 10 megacárceles, $5.9 billones para los 82,000 veteranos, $3 billones para subsidiar los créditos al 2%, $17 billones por la reducción del impuesto corporativo del 35% al 25% y $2 billones por la reducción de peajes. A esto se suman costos únicos por $16.75 billones: $6.75 billones para construir las megacárceles y $10 billones para el plan de choque de salud. El balance es un déficit anual recurrente de $19.4 billones, que asciende a $36 billones en el primer año al incluir los gastos únicos.

Abelardo Gabriel de la Espriella Otero nació en Bogotá el 31 de julio de 1978 (47 años) y se crió en Montería, Córdoba. Es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, con especialización en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia y dos doctorados honoris causa. Además de su ejercicio como abogado, ha desarrollado empresas en moda (De La Espriella Style), licores y gastronomía, y ha publicado álbumes de ópera italiana como De mi alma italiana (2018-2021) y Navegante (2022). Su movimiento político, Defensores de la Patria (también registrado como Movimiento de Salvación Nacional), se lanzó en 2025. Su ideología ha sido clasificada como de extrema derecha por múltiples fuentes nacionales e internacionales.

Su cartera de clientes incluye a David Murcia Guzmán, creador de la pirámide DMG que estafó a más de 200,000 ahorristas; a Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro y procesado en Estados Unidos por lavado de dinero; a Jorge Pretelt, magistrado de la Corte Constitucional condenado por corrupción; a miembros de grupos paramilitares vinculados a la parapolítica; y a Alberto Santofimio, condenado como instigador del asesinato de Luis Carlos Galán. La pregunta no es si un abogado tiene derecho a defender a cualquiera —es un principio legal legítimo—, sino si el patrón sistemático de elegir precisamente a los clientes más poderosos y cuestionados del país es compatible con un discurso que promete "acabar con la casta" y "limpiar la política". Durante los años en que representaba a Saab, De la Espriella escribía columnas de opinión tituladas "Muerte al tirano" contra Nicolás Maduro, construyendo una imagen pública antichavista mientras defendía al hombre señalado como su testaferro —una contradicción que sugiere que su narrativa pública y sus acciones privadas no siempre han estado alineadas.

Las acusaciones en su contra son múltiples y están documentadas judicialmente. David Murcia Guzmán, su antiguo cliente, lo denunció por haberle pedido 760 millones de pesos para "tocar" congresistas y por no devolverle 5,000 millones de pesos en honorarios cuando abandonó su defensa. Las interceptaciones telefónicas de ese caso, incorporadas a expedientes judiciales en Colombia y Estados Unidos, registran conversaciones en las que ejecutivos de DMG discuten cómo girar los 760 millones que De la Espriella había solicitado para gestionar cambios legislativos. La Corte Suprema de Justicia también ordenó investigarlo por un presunto ofrecimiento de soborno al jefe paramilitar Juancho Dique para que no mencionara a ciertos políticos en sus versiones libres de Justicia y Paz. Esa investigación, ordenada en 2013, nunca llegó a nada: las copias del expediente desaparecieron misteriosamente en la Fiscalía. En 2026, una investigación del periodista Daniel Coronell reveló que De la Espriella recibió más de 370,000 dólares de empresas vinculadas a Alex Saab a través de cuentas fiduciarias en Estados Unidos, con transferencias desde bancos en Hong Kong y Antigua. Paralelamente, su antiguo socio Daniel Peñarredonda está vinculado en una corte federal de Tampa, Florida, a un caso de fraude a narcotraficantes, en el que se les acusa de prometer reducciones de condena a cambio de pagos millonarios que nunca se materializaron.

El candidato tiene además un patrón documentado de hostigamiento a la prensa. Según la Fiscalía, entre 2008 y 2019 fue denunciante en 109 casos de calumnia e injuria contra periodistas, la mayoría desestimados por falta de sustento. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha expresado su preocupación por este uso del sistema judicial como mecanismo de intimidación. Quien promete "mano dura contra la corrupción" ha pasado dos décadas utilizando su bufete para desgastar a quienes investigan sus vínculos, y ha construido su fortuna defendiendo a algunos de los personajes más cuestionados del país. Esto no invalida automáticamente sus propuestas de gobierno, pero sí plantea una pregunta central que el electorado debe responder: si su historial muestra que ha priorizado sistemáticamente sus intereses privados y los de sus clientes poderosos por encima de cualquier coherencia ideológica, ¿por qué habría de actuar distinto como presidente?

En cuanto a la implementación, el programa pretende ejecutar 13 reformas simultáneas, pero los plazos reales son muy distintos. Construir 10 megacárceles tomaría entre 5 y 10 años (una sola, la de Medellín, tiene entrega prevista para 2027). Implementar blockchain en los 1,101 municipios del país requiere 3 a 5 años de desarrollo y capacitación. La consulta previa para proyectos de fracking puede tomar 2 a 4 años por comunidad. En la práctica, solo las propuestas que no requieren reformas legislativas ni licencias ambientales —como la Universidad Virtual— podrían iniciar en el primer año. Además, de las 13 propuestas, al menos 8 requieren aprobación del Congreso, y sin mayorías propias en un legislativo fragmentado, el programa depende de coaliciones que exigirían concesiones posiblemente incompatibles con su plataforma.

Propuesta de salir de la ONU y la OEA. El 5 de junio de 2026, en entrevista con Luis Carlos Vélez en Canal 1, De la Espriella planteó que Colombia debería evaluar su permanencia en la ONU y la OEA por considerar que generan "poco resultado y poco beneficio" frente a sus costos. La propuesta desató un debate diplomático y político: sectores opositores señalaron que una eventual salida aislaría a Colombia de espacios clave de cooperación internacional, comercio y derechos humanos. El candidato aclaró que no es una decisión definitiva pero que está "muy inclinado" a hacerlo si llega a la Presidencia.

Desacato a orden judicial por la camiseta de la Selección. Un juzgado de Bogotá ordenó a De la Espriella y a su movimiento Defensores por la Patria abstenerse de usar la camiseta de la Selección Colombia en actos políticos, al considerar que su uso podría afectar principios de igualdad y no discriminación. El candidato desacató la medida: volvió a usar la prenda públicamente y anunció acciones legales contra el juez. El presidente del CNE, Cristian Quirós, señaló que la camiseta no es un símbolo patrio y que su uso no tendría restricciones legales según decisiones previas del tribunal electoral.

Leonardo Huerta se suma a la campaña. Leonardo Huerta, excandidato a la Alcaldía de Bogotá y quien fue fórmula de Claudia López en 2026, anunció su respaldo a De la Espriella afirmando que no lo había visto "en persona" pero que coincidía con su visión de país. La adhesión fue leída como un golpe a la estrategia de Cepeda de atraer al centro.

Denuncias de compra de votos. Durante la misma entrevista, De la Espriella reiteró denuncias sobre una presunta estrategia de compra de votos de cara a la segunda vuelta, especialmente en la región Caribe, y aseguró que funcionarios del gobierno de EE.UU. habrían emitido alertas sobre posibles sanciones a quienes intenten interferir en el proceso democrático.

Acoso sexual a una periodista en vivo. El 12 de mayo de 2026, durante el programa "Piso 8", De la Espriella fue señalado por realizar insinuaciones sexuales y presionar a una periodista para que observara imágenes de sus genitales en su teléfono móvil en plena entrevista en vivo. "Te voy a decir dónde es que está la vaina para que tú veas… con esta foto me gané unos votos bien bacanos del electorado femenino", le dijo. Luego insistió: "Estoy mal de culo, pero miren esta foto… ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves aquí, cariño? Ven… Acércala y dime qué ves ahí", mientras la periodista intentaba desviar la atención. El episodio fue condenado por organizaciones de mujeres y libertad de prensa como un acto de acoso sexual y violencia simbólica contra la mujer en el ejercicio del periodismo.